Por Mauricio Sandoval Espitia
Desde sus orígenes, los cuerpos militares se constituyeron como mecanismos defensivos de los Estados, que permitían asegurar la soberanía y el orden interno de los mismos. Aunque si bien tradicionalmente, milicia y política han sido dos materias independientes la una de la otra, el uso de estrategias militares con fines políticos, así como el implantamiento de alternativas políticas asentadas en el ejército, se han presentado como suceso recurrente.
En América, son múltiples los ejemplos de uno y otro caso: en Chile, por ejemplo, reinó durante muchos años un régimen dictatorial presidido por Augusto Pinochet, en el cual se impusieron, además de un poder militar con total autonomía y control nacional, hechos lamentables como el genocidio, la persecución de las clases desfavorecidas que luchaban por el establecimiento del socialismo y el encarcelamiento y tortura de miles de inocentes.
Un caso similar se observó en Colombia en los años 50, cuando el general Gustavo Rojas Pinilla subió al poder, aunque éste a diferencia de su homólogo chileno, no hizo uso de atrocidades sino que, por el contrario, favoreció grandemente al pueblo, a la vez que dio lugar a que se legitimara el sufragio universal en el género femenino. Podría decirse que en gran parte gracias a Rojas Pinilla, las mujeres lograron vincularse como ciudadanas y como sujetos políticos en Colombia.
En la actualidad, es factible hacer referencia a dos casos con matices disímiles, pero que a la vez comparten una que otra semejanza: Colombia y Venezuela. La dicotomía ha sido característica en los gobiernos de estos dos países, en los que las relaciones presidenciales navegan unas veces en un mar de hermandad celebrada y en otras, sobre un río embravecido de enemistad declarada. Estas dos naciones se han caracterizado los últimos años, entre otras cosas, por la preeminencia de aparatos militares como órganos centrales del Estado, quienes más allá de conformarse con ser escuetos mecanismos de defensa se han volcado en la esfera nacional como órganos políticos.
En Venezuela, lo anterior sucede entre otras razones porque Hugo Chávez fue (o es) una de las eminencias del ejército venezolano, además de que él mismo ha optado por el reforzamiento de dichas fuerzas, al punto de comprar enormes cantidades de armamento a Rusia y poner frentes militares en las calles de las principales ciudades del país vecino, además de en las zonas fronterizas; medida que ha sido adoptada también - aunque con tintes distintos – por Álvaro Uribe Vélez, en las selvas y sectores rurales de la nación colombiana.
Desde su elección como presidente de Colombia en el año 2002, Uribe Vélez dejó en claro que su prioridad en el gobierno sería la política de seguridad democrática, con la cual dotó al ejército y a la policía de un poder mayor al que tenían por tradición. Para el mandatario colombiano, la primer y más efectiva arma a favor del cumplimiento de su política, ha sido el reforzamiento de las fuerzas militares, tendiente a dar fin a los grupos guerrilleros, principalmente a las FARC. Sin embargo, como distintas pruebas históricas lo demuestran, el recurso militar no fue la alternativa de Uribe tan pronto llegó al estrado presidencial, sino que desde tiempo antes apeló a este recurso en su lucha contra la guerrilla: el establecimiento de las CONVIVIR, AUC o para ser más generales, del paramilitarismo, se presentó como táctica efectiva en el intento por establecer el orden, pero a cambio de la acción de hechos atroces que recuerdan los crímenes cometidos por Pinochet. Las masacres, torturas, secuestros, mutilaciones y genocidios de civiles inocentes, han estado desde entonces a la orden del día; a pesar de lo cual diversos miembros de grupos paramilitares lograron el estatus político deseado, al entrar a ocupar el 35% de las sillas del Congreso, además del ya consolidado poder ejecutivo.
Además de los ejemplos anteriores, puede recordarse así mismo el caso de las montoneras instauradas en Argentina durante los movimientos de independencia en el siglo XIX, las cuales procuraban tener participación política en su región, a más de las que se fueron conformando con el pasar de los años; recuérdese igualmente, el modo como la burguesía argentina, con miras a lograr detentar el poder político austral, decidió acudir a un miembro del ejército – el General San Martín -, en quien depositaron toda su confianza, a pesar de que no sospecharon nunca que él tenía sus propias aspiraciones políticas.
Con ejemplos como los anteriores, puede verse entonces que las fuerzas militares – legales o no - de varios países de Suramérica durante diferentes períodos de su historia, se han emplazado muchas veces si no como fin político, por lo menos en un medio efectivo para la realización de aspiraciones de ese carácter.
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